Apodada ‘Ley de nietos’, dicha ley establece en su disposición octava, la posibilidad de optar a la nacionalidad española por parte de “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”. Asimismo, la contempla para “los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978”; y también “para los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción”, siguiendo lo dispuesto en la presente ley así como en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre – Ley de Memoria Histórica–, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

La disposición octava de la Ley de Memoria Democrática presentaba una vigencia inicial de dos años –hasta octubre de 2024–, pero el Gobierno decidió en julio del año pasado, a tres meses de su vencimiento, prorrogar la fecha un año más, con lo que se podrá iniciar el proceso de solicitud de la nacionalidad por el colectivo en el exterior hasta octubre de 2025.

El 30 de noviembre del año pasado contaban con la nacionalidad española 32.323 personas más que a finales de 2023, según los datos de INE (Instituto Nacional de Estadística), que fijan en 243.481 el número de personas beneficiadas en ese momento por dicha ley.