Técnicamente se denomina «cruce de facturas», «triangulación de facturas» o «autocontratación fraudulenta». Es un mecanismo simple muy conocido por los agentes antifraude y que consiste en que se vacían las arcas de una empresa con una lluvia de facturas por trabajos hinchados o simplemente ficticios que emiten otra u otras sociedades que, en realidad, son propiedad del mismo dueño que dirige la empresa matriz. Esa maniobra habitualmente persigue un doble objetivo: defraudar a Hacienda llevando a una empresa a números rojos forzados y transferir el dinero a alguien que, en principio, quiere ocultar su enriquecimiento.

Ese es el resumen del caso Nóos, según los últimos informes entregados al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. La investigación considera acreditado que Iñaki Urdangarin y su socio en el instituto bajo sospecha, Diego Torres, se metieron en sus bolsillos, gracias a la «triangulación», 5.011.568 euros procedentes de una entidad que oficialmente no tenía ánimo de lucro, el Instituto Nóos. Esa cantidad, procedente en gran parte de los concursos adjudicados a dedo por los gobiernos de Jaume Matas y Francisco Camps, es la suma del dinero que las tres empresas de los dos socios -Aizoon, propiedad de los duques de Palma; Nóos Consultoría, a nombre de Urdangarin y Torres; y Virtual Estrategies, de este último- facturaron a Nóos por trabajos que, en la mayoría de los casos, ni siquiera se llegaron a realizar.

Según las estimaciones de la Policía Judicial y Hacienda, entre el 30 y 40% de los 16 millones que el Instituto Nóos cobró entre 2002 y 2010 de 103 entidades públicas y privadas terminó en las cuentas de las empresas personales de los dos socios a base de «autocontratarse» continuamente.

Años de esplendor

De acuerdo con la investigación, en los años de esplendor de Instituto Nóos, los de los fórum deportivos de Baleares y Valencia organizados entre 2004 y 2006, antes de que la Zarzuela ordenara a Urdangarin abandonar la ONG, el desvío alcanzó porcentajes mucho mayores. Como botón de muestra baste Aizoon: en su primer año de vida la empresa de los duques de Palma facturó 332.220 euros, de los cuales 313.137 procedieron de Nóos.

O lo que es lo mismo, la firma vivía en un 94% del dinero que se desviaba desde la ONG gracias a facturas que nada o poco tenían que ver con el negocio inmobiliario, objeto social de la compañía de Urdangarin y la infanta Cristina. Al año siguiente, la empresa de los duques, gracias a la «autocontratación», también sobrevivió. Y muy bien, pues facturó aquel año 568.645 euros de los que 489.035 venían, como no, de Nóos, y que supusieron el 86% de su negocio.

Las estimaciones policiales apuntan a que en esos primeros años setenta de cada cien euros que entraban en el instituto sin ánimo de lucro terminaron en las arcas de los socios. Luego, el porcentaje se redujo, pero ni mucho menos desapareció. En líneas generales, entre 2003 y 2010 más del 40% de lo que facturó el entramado Nóos, la fundación más las sociedades satélites, era fruto de operaciones internas entre las diferentes sociedades, casi siempre para descapitalizar a la ONG.

Más pruebas

Las facturas «cruzadas» presentadas a Hacienda para desgravar serán, sin duda, una de las pruebas de cargo contra los exdirigentes de Nóos, que tendrán muy difícil rebatir esas millonarias facturaciones a la institución sin ánimo de lucro. Pero esos documentos no serán los únicos que pondrán las cosas difíciles a Iñaki Urdangarin y a Diego Torres.

Desde el pasado 7 de noviembre, cuando se produjeron los registros de las empresas de la trama, la Policía tiene en su poder otras dos pruebas que pueden poner contra las cuerdas a los dos socios. La primera es un rudimentario croquis hallado en el Bufete Medina Tejeiro, que dirige el cuñado de Torres, en el que se dibuja la forma de triangular las facturas.

El segundo documento es un archivo de Excel de nombre muy ilustrativo, «facturas cruzadas 2005». Ese informe, redactado en 2006, da cuenta detallada de cómo el año anterior se hicieron los abonos entre Nóos y cinco empresas de los socios, entre ellas obviamente Aizoon, para desviar al bolsillo de los socios 1,8 millones de euros, casi todos procedentes de administraciones públicas.

Publicado en La Voz de Galicia