Arranca el macrojuicio del caso Nóos, con Urdangarin y la infanta Cristina en el banquillo de los acusados
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El juicio de una investigación que el juez Castro inició en 2010 durará hasta junio
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Las cifras: 18 acusados, 363 testigos, 100 tomos de investigación y tres magistradas
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Piden 19 años y medio de cárcel para Urdangarin y ocho para la infanta Cristina
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La defensa de la infanta pedirá la aplicación de la doctrina Botín para su exoneración
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Jaume Matas y Alfonso Grau, entre los acusados. Rato, Gallardón y Camps, testigos
El macrojuicio del caso Nóos, el más esperado de los últimos años, comienza este lunes a las 9:15 horas en la Audiencia de Palma con un total de 18 acusados sentados en el banquillo, entre ellos, la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin.
El juicio de esta pieza separada del caso Palma Arena se prolongará hasta junio y será la culminación de una investigación iniciada por el juez instructor José Castro en el año 2010, resumida en un centenar de tomos y más de 76.000 folios.
Seis meses para analizar y juzgar el presunto desvío de 6,2 millones de euros públicos de los que se habrían apoderado presuntamente tanto Iñaki Urdangarin como su exsocio Diego Torres, a través de un complejo entramado de empresas ficticias con el Instituto Nóos como epicentro de la trama.
La Fiscalía Anticorrupción reclama más de cien años de cárcel para 14 de los acusados, 19 y medio de ellos para el marido de la infanta y 16 y medio para su exsocio Torres.
[Quiénes son los 18 acusados del caso Nóos]
Urdangarin está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad y blanqueo de capitales por usar presuntamente el Instituto Nóos y entidades satélites para saquear fondos de las instituciones públicas de Baleares, Valencia y Madrid.
Iñaki Urdangarin, a su llegada a los Juzgados de Palma Por su parte, la hermana del rey Felipe VI se enfrenta a una petición de ocho años de prisión como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, una solicitud que formula el sindicato Manos Limpias, única acusación del proceso que ejerce acciones penales contra Cristina de Borbón. Este sindicato considera que el papel de la infanta fue imprescindible para que su marido defraudase hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de los años 2007 y 2008.
Días antes de que la Audiencia de Palma confirmase definitivamente que la infanta se sentaría en el banquillo de este juicio, el rey revocó el ducado de Palma a su hermana. Habían pasado más de dos años desde su primera imputación.
Nombres vinculados con la política como el exvicepresidente del Gobierno y expresidente del FMI, Rodrigo Rato; el exalcalde, expresidente de Madrid y exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; y el expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, están citados a declarar como testigos en un juicio por el que pasarán un total de 363 testigos.
También están citados en calidad de testigos exaltos cargos del Palacio de la Zarzuela como Carlos García Revenga y Alberto Aza. Fue, incluso, propuesta la comparecencia de Felipe VI por parte de Diego Torres, si bien el tribunal encargado de juzgar la causa respondió que por ley el monarca no está obligado a declarar.
Desfilarán por el juzgado también un total de 21 peritos que deberán arrojar luz sobre el supuesto desvío de fondos.
Todo listo en Palma para que empiece el juicio
Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín, las tres magistradas que forman el tribunal suman 32 años de experiencia judicial y ya se han enfrentado anteriormente a causas vinculadas con corrupción. Romero será la ponente que redactará la sentencia y además presidirá el tribunal durante el juicio.
La infanta se sentará este lunes en un extremo de la última fila de los encausados, justo al lado de la prensa.
La expectación mediática es máxima con cerca de 600 periodistas acreditados, técnicos y gráficos, de 84 medios de comunicación nacionales e internacionales.
El juicio se celebrará en una sala del edificio de la Escuela Balear de Administración Pública (Ebap), ubicada en el Polígono Son Rossinyol de Palma de Mallorca y cedida por el Govern de Baleares ante el gran número de partes personadas.
Todo listo en Palma de Mallorca para el juicio por el caso Nóos
El gran interés por el juicio del caso Nóos ha obligado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares a limitar el acceso a la prensa a la sala de vistas, donde solo habrá 15 periodistas que, al igual que el público, no podrán salir de la sala salvo en los recesos y no podrán llevar consigo ordenador, cámara, teléfono móvil o cualquier dispositivo de grabación.
La infanta Cristina, pendiente de la aplicación de la doctrina Botín
Las tres magistradas deberán decidir si se le aplica a la infanta o no la doctrina Botín, de la que depende que la infanta Cristina sea juzgada por dos delitos fiscales en la presunta trama corrupta en torno al instituto Nóos o quede exonerada.
El banquero Emilio Botín prestó su apellido en 2007, a través de una sentencia del Tribunal Supremo, a un precepto jurisprudencial que establece que nadie podrá ser juzgado por delitos fiscales si no le acusan ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, a quienes corresponde la defensa del interés de los perjudicados: Hacienda y la administración pública en general.
Solo Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el caso Nóos, acusa a la infanta Cristina de colaborar con su marido en sendos delitos fiscales, por lo que la defensa de la hermana del rey alegará en el trámite de cuestiones previas, este mismo lunes, que el sindicato no está legitimado para mantenerla en el banquillo.
La infanta Cristina, el día de su declaración ante el juez Castro Los abogados de la infanta intentaron que esta cuestión se resolviera antes del inicio del juicio para evitar su imagen sentada en el banquillo de los acusados, pero la Audiencia de Palma lo rechazó.
Las magistradas, tras escuchar los argumentos de la defensa de la infanta y el resto de cuestiones previas planteadas, se tomarán unas semanas para decidir al respecto, antes del inicio de las declaraciones de los acusados el 9 de febrero.
Jaume Matas y Alfonso Grau, entre los acusados
Además de la infanta Cristina y Urdangarin, también serán juzgados en relación con su papel en el Instituto Nóos, el exsocio de aquel, Diego Torres; su mujer, Ana María Tejeiro; el excontable Marco Antonio Tejeiro; el exasesor jurídico Miguel Tejeiro; y el abogado Salvador Trinxet por urdir presuntamente una red de evasión fiscal internacional.
El expresidente del Govern y del PP balear y exministro de José María Aznar, Jaume Matas, también se sentará en el banquillo de los acusados. Precisamente, Matas admitió este pasado viernes el «daño causado» en relación a este caso y ofreció su palacete como reparación.
Relacionados con el Gobierno balear, también están acusados el exdirector general de Deportes José Luis Pepote Ballester, el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, el exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Ángel Bonet, y el exgerente de esta entidad Juan Carlos Alía.
En cuanto a los ex altos cargos de la Comunidad Valenciana, serán juzgados el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela, la exdirectora de gestión Elisa Maldonado, y el también exdirector general José Manuel Aguilar.
También se encuentra en la lista la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen.
Las declaraciones de Urdangarin y la infanta ante el juez Castro
La infanta Cristina, en su declaración como imputada, el 8 de febrero de 2014, ante el juez instructor del caso, José Castro, se desvinculó de la gestión tanto del Instituto Nóos como de Aizóon, que compartía al 50% con su marido, y negó que conociera la presunta trama de desvío de fondos públicos investigada por el juez.
Dijo ante el juez, además, que firmó documentos porque se «fiaba» de su marido y negó que sirviera como «escudo fiscal».
Por su parte, Iñaki Urdangarin, en su primera declaración, el 27 de febrero de 2012, se exculpó a sí mismo y a su esposa y reconoció que el rey Juan Carlos I le había pedido en 2006 que dejara sus actividades relacionadas con el sector público. Declaró que ni era administrador de Nóos ni emitía facturas y que su mujer tenía un «papel testimonial» en sus empresas.
En la segunda declaración, el 23 de febrero de 2013, desvinculó a la Casa del Rey y, otra vez a la infanta Cristina, de las actividades de Nóos. Dijo que la Casa Real ni «opinó, asesoró, autorizó o avaló» dichas actividades.
Algo que contrasta con lo dicho este mismo domingo, en una entrevista en La Sexta, por su exsocio, Diego Torres, quien afirma que la Casa Real «revisaba» todo lo que hacían, insistiendo en el argumento ofrecido anteriormente de que desde Palacio supervisaban toda la actividad del Instituto Nóos.
Después de que las partes expongan las cuestiones previas este lunes y las magistradas decidan si aplican la doctrina Botín a la infanta, los acusados comparecerán entre el 9 y el 26 de febrero. El turno de los testigos será entre el 8 de marzo y el 17 de mayo.
