El juez Castro acuerda investigar a la infanta Cristina por presunto fraude fiscal
- Incorpora a la causa sus diez últimas declaraciones de la renta
- Investiga si se benefició de fondos defraudados a través de Aizoon
- La sociedad pantalla que compartían al 50% la infanta y Urdangarin
- «Aizoon recibió dinero público y privado defraudado a sociedades»
El juez instructor del caso Nóos ha decidido ampliar y profundizar en la investigación sobre la infanta Cristina para aclarar si cometió o no delitos fiscales y de blanqueo de capitales a través de la sociedad mercantil Aizoon, de la que era copropietaria junto a Iñaki Urdangarin, como le pidió la Audiencia Provincial de Palma.
En un nuevo auto de 46 páginas, el titular del juzgado número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, ha reclamado a la Agencia Tributaria un nuevo informe sobre las cuentas corrientes en las que la infanta sea titular o apoderada, su patrimonio mueble, inmueble y financiero.
El juez ha pedido también a Hacienda que indague si usó los fondos presuntamente desviados del Instituto Nóos a través de Aizoon para la rehabilitación del palacete de Pedralbes, en Barcelona, además de más datos sobre esta sociedad «pantalla».
En este auto, el instructor ha acordado también la incorporación al sumario de las diez últimas declaraciones de la renta de la infanta.
Con estas nuevas diligencias, José Castro, que investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos, cumple con lo que le pidió la Audiencia Provincial de Palma, que desimputó a la infanta pero instó al magistrado a pedir más información a Hacienda para saber si la infanta defraudó a Hacienda, dejando la puerta abierta a una futura imputación.
En el nuevo auto, además de pedir más datos a la Agencia Tributaria sobre la infanta, el instructor ha solicitado a las Cortes valencianas que certifiquen la condición de diputados del expresidente autonómico Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ante una posible imputación en relación al contrato de la Valencia Summit con Nóos.
Castro cita también a declarar a 25 testigos que participaron en foros sobre turismo y deporte que el Instituto Nóos organizó en Mallorca en 2006 y 2007, al admitir parcialmente una solicitud de la defensa del expresidente balear Jaume Matas. Entre ellos, el expresidente del F.C. Barcelona y hotelero Joan Gaspart.
Nuevos datos fiscales
En la resolución, el juez reclama a la Agencia Tributaria de Cataluña que aclare cualquier contradicción en el informe emitido el 14 de enero sobre la «intervención que en supuestas irregularidades fiscales y de blanqueo de capitales haya podido tener doña Cristina y en especial si ha podido hacer uso para la rehabilitación de su vivienda de Barcelona u otras atenciones personales y familiares de fondos derivados de la entidad mercantil Aizoon».
Además solicita, que informe de las cuentas corrientes de las que la infanta sea titular o en las que aparezca como apoderada, así como de bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que sea titular.
El juez Castro solicita, asimismo, otro informe que determine las cuotas que la sociedad mercantil Aizoon tributó entre los años 2007 y 2010, computando tanto los ingresos declarados como los que habrían sido ocultados a Hacienda. Durante este periodo, el
De este modo, a partir de ahí pide a la AEAT que lleve a cabo un estudio de los gastos efectuados por la mercantil y, una vez fijada la base imponible, se valore los ajustes, deducciones, retenciones o pagos fraccionados que podrían haberse efectuado de forma «improcedente».
Realizadas estas operaciones, indica el magistrado, los inspectores de Hacienda deberán calcular la cuota íntegra y líquida correcta y la diferencia con las declaradas, según recoge Europa Press.
Además, tal y como consta en el auto, el juez Castro ha requerido a la defensa del exsocio de Urdangarin en Nóos, Diego Torres, y a todos los letrados del proceso, que en lo sucesivo se abstengan de presentar documentos o correos que impliquen una «intromisión en la esfera de la intimidad ajena», en la línea de lo que marcó la Audiencia Provincial de Palma que no consideraba «ilícito» la aportación de documentos de los que se pudieran derivar imputaciones, pero que sí censuraba que se hiciera de forma «caprichosa e interesada marcando a su antojo los tiempos judiciales».
En el marco de la investigación, el magistrado también ha citado a declarar a 25 nuevos testigos entre quienes se encuentra el expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart, después de que así lo solicitase el exjefe del Ejecutivo balear Jaume Matas con el objetivo de acreditar la trascendencia social, económica y política que tuvieron los dos Illes Balears Forum celebrados en Palma en 2005 y 2006, y por los que el Instituto Nóos percibió 2,3 millones de euros públicos.
Dinero para gastos particulares del matrimonio
Con estas nuevas diligencias, el juez instructor ha dado un paso más en la investigación en torno a la infanta tras la resolución de la Audiencia Provincial de Baleares que, a principios del mes de mayo, dejaba las puertas abiertas a la posible imputación de la infanta por haber defraudado a Hacienda.
El tribunal recalcó entonces que el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible «conocimiento del origen ilícito y delictivo» de estos fondos.
La Sala incide asimismo en que, si bien la Duquesa de Palma podía desconocer el origen ilegal del dinero público, en cuanto a que «provenía de un delito de malversación o de fraude», lo que resulta «más dudoso» para los magistrados de la Sección Segunda es que la Infanta «desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública» puesto que Nóos, aunque declaraba al fisco, no pagaba el impuesto de sociedades por constar inscrita como sociedad sin ánimo de lucro.
Conocimiento sobre Aizoon
En esta misma línea, la Audiencia señala que la Infanta «debería saber o conocer que Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda», tanto en lo que al impuesto de sociedades se refiere como respecto al IRPF, y que «se ha enriquecido con contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon a Nóos».
Es más, los magistrados recalcan que mientras Urdangarin era el administrador de Aizoon, su mujer tenía el control funcional de la sociedad al ser titular del 50 por ciento del capital social, motivo por el que «podría estar en condiciones de impedir la defraudación» a la hora de presentar las declaraciones del impuesto de sociedades de los años 2006, 2007 y 2008.
De acuerdo con este planteamiento, el tribunal recalca que a partir de marzo de 2006 -cuando la Infanta dejó la junta directiva de Nóos, de la que era vocal- o meses antes «ya debería saber que Aizoon no era una sociedad de profesionales y que ella y su marido la utilizaban para defraudar».
Así, sostiene que, como socia de la mercantil y «teniendo posibilidad de controlar la gestión, pudo haber convocado Junta de la sociedad y revocado poderes a su marido o pedido que se regularizase la situación tributaria». «Pero no lo hizo y Aizoon recibió dinero público y privado defraudado sociedades -se desgravaron gastos y amortizaciones no deducibles- e impuesto sobre la renta», señala.
En el marco de esta causa, los investigadores apuntan a que el Duque «interpuso» esta mercantil para facturar «ciertos servicios de carácter personalísimo», como el servicio doméstico, que nada tenían que ver con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF.
La Agencia Tributaria señala cómo durante 2007 y 2008, ejercicios en los que Urdangarin habría defraudado a Hacienda al menos 240.000 euros, utilizó Aizoon como «pantalla» para tributar gastos como los de su propio servicio doméstico o los de su asistenta personal, con el objetivo de beneficiarse de un tipo impositivo inferior (el aplicado a las sociedades), según informa Europa Press.