El Ministerio de Migraciones deja en manos de José Julio Rodríguez el desarrollo del plan de retorno de emigrantes españoles
Escrivá reestructura su departamento para facilitar la ejecución de los fondos de la UE
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acaba de aprobar un real decreto que modifica la estructura orgánica de la Secretaría de Estado de Migraciones en lo que tienen que ver sobre todo con cuestiones de inmigración, aunque también recoge algunas novedades en el apartado de emigración. La más sobresaliente es que confiere a la Dirección General de Migraciones, y más concretamente a la Subdirección General de Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno (hasta ahora Subdirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Retorno), la tarea de desarrollar un plan de retorno de emigrantes españoles, continuidad del aprobado en 2019 a propuesta de la entonces ministra Magdalena Valerio con validez hasta 2020 y para el que se han destinado 24,2 millones de euros.
El departamento del que se ocupa José Julio Rodríguez será el encargado del “reconocimiento y diseño, implementación, coordinación y desarrollo” de este nuevo plan del Ministerio, que deberá estar orientado a fomentar el retorno de españoles en las mejores condiciones posibles, facilitar su vuelta y presentar a España como un lugar atractivo para desarrollar un proyecto de vida personal y profesional.
El Plan de Retorno a España de 2019, que se desarrolló bajo el lema ‘Un país para volver’, se compone de 50 medidas en las que se implicaron un total de 10 ministerios. Dispone asimismo de los servicios de Ventanilla Única del Retorno (para ofrecer información oficial y contrastada) y de Mediación Laboral y Buscador de Empleo, dirigido al asesoramiento personalizada a empresas y particulares a través de mediadores laborales, a las que, según estimaban, se aproximarían alrededor de 23.000 personas a pedir información.
Las modificaciones que introduce el nuevo real decreto (286/2021 de 20 de abril), que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles de esta semana,
afectan también a otras competencias de la Dirección General de Migraciones que, pese a incorporar el plan de retorno de emigrantes españoles, pierde las funciones que asumía la Subdirección General de Régimen Jurídico, que deja de depender de este departamento y se integra en la Secretaría de Estado de Migraciones. Concretamente, deja de ocuparse de la elaboración de proyectos normativos y de la realización de informes sobre materias relacionadas con la inmigración y la emigración, así como de lo que atañe a la preparación de propuestas normativas relacionadas con la elaboración, aprobación, transposición y aplicación de normas de la Unión Europea o de ámbito internacional, en materias de su competencia; las competencias en la elaboración de instrucciones de desarrollo normativo dirigidas a los órganos de la Administración General del Estado en el territorio, dentro de su ámbito funcional de competencias; y el apoyo técnico a la participación en el ámbito de la Unión Europea y de otras organizaciones internacionales en materia de migraciones, así como la coordinación, como punto de contacto nacional, de la Red Europea de Migraciones en España.
Respecto a los organismos que tras la reestructuración dependen de la Dirección General de Migraciones, se mantiene la Subdirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno que, además del plan de retorno, ejercerá las consabidas funciones de gestión de los programas de subvenciones y ayudas destinadas a los españoles en el exterior y retornados; el reconocimiento y gestión de prestaciones económicas y ayudas asistenciales destinadas a ambos colectivos, y la coordinación funcional de la actuación de los órganos de la Administración General del Estado en el territorio con competencias en materia de retornados. Incorpora asimismo la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Flujos Migratorios que asume las competencias que venía ejerciendo la Subdirección General de Inmigración y que se centrará sobre todo en asuntos inmigratorios.
Lo que se pretende con esta reestructuración ministerial, según se refleja en el real decreto, es diseñar “un nuevo modelo de gestión” con “un uso más flexible y eficaz” de los recursos de residencia “de que dispone el sistema de acogida en sus diferentes variantes” y evitar duplicidades en la gestión. Asimismo, está pensado para facilitar la “ejecución en tiempo y forma de los fondos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE para fortalecer la red de acogida y el incremento de sus recursos de titularidad pública, con el objetivo de que alcancen un peso del 30% frente al 3%” que se venía recibiendo hasta la fecha.
Atendiendo a estos objetivos, se adscriben directamente a la Secretaría de Estado de Migraciones la nueva Subdirección General de Análisis Migratorios que, dependiente de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, se ocupará de centralizar las labores de estudio, informe y análisis sobre políticas y estadísticas migratorias; la Subdirección General de Gestión Económica y Fondos Europeos; la Subdirección General de Programas, y la Subdirección General de Emergencias y Centros de Migraciones, además de la de Régimen Jurídico.
Queda adscrito igualmente a la Secretaría de Estado de Migraciones, entre otros organismos, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
La reestructuración supone, además, la creación de la nueva Dirección General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria, que sustituye a la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria.
