El ministerio del interior de España introduce reformas para combatir la violencia callejera. 2 años de prisión y 30.000 euros de multa a los violentos
La reforma de la ley de seguridad ciudadana incluirá multas de entre 3.000 y 30.000 euros a quienes usen capuchas o cascos en actos vandálicos.
El ministerio del Interior trabaja en una reforma legal para combatir la denominada «violencia callejera», en la que se incluirá como delito la convocatoria a través de Internet o las redes sociales de concentraciones que deriven en actos violentos. La reforma no tiene una fecha para ver la luz y es pronto, segun fuentes de Interior, para conocer a qué tipo de sanciones penas se enfrentan convocantes y violentos organizados.
Tras los incidentes de Barcelona en la jornada de huelga general dle 29 de marzo, ministerio y administraciones catalanas fijaron un límite para buscar el endurecimiento de la penalización de lo que denominaron como «guerrilla urbana». En cualquier caso, la reforma incipiente no se equipararía a los delitos asociados a la kale borroka.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha avanzado este miércoles en el Congreso de los Diputados que se incluirá como «delito de integración en organización criminal» alterar «gravemente el orden público» y concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como Internet y las redes sociales.
«Nos parece fundamental para hacer frente a estos movimientos que actúan concertadamente previamente y con técnicas de guerrilla urbana incluir como delito de integración en organización criminal las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que, con tal fin, se concierten por cualquier medio de comunicación», ha explicado el Ministerio a Europa Press debido a que en el interior del hemiciclo Fernández Díaz no pudo terminar de concretar esta medida por falta de tiempo.
Elevación a delito la resistencia pasiva
Pero la reforma iría más allá e incluiría la consideración de delitos otras situaciones que se dan en las manifestaciones que estarían en un esfera de «violencia pasiva».
«También pretendemos incluir como delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan por interrupción o perturbación de cualquier servicio público», ha añadido.
Antes, Jorge Fernández Díaz, había avanzado en la Cámara el deseo de Interior de incluir «como delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa o pasiva grande ante las fuerzas de seguridad e incluir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos y considerar como agravante la comisión de estas conductas delictivas».
En su intervención, el ministro ha lamentado que «por desgracia» estos actos no suceden solo en Barcelona. «No hay que responder desde el Código Penal a iniciativas de guerrilla urbana pero tampoco recurrir al buenismo jurídico«.
Según ha dicho estas reformas parten de una iniciativa de reforma del ordenamiento jurídico en la que su Departamento viene trabajando desde hace dos meses en colaboración con el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón.
Hasta dos años de pena
En declaraciones a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP, el pasado 4 de abril, Fernández subrayó que los incidentes que se produjeron en la huelga general y «en ocasiones anteriores en Barcelona de una manera muy especial» evidencian que hay «radicales antisistema y violentos que utilizan ese tipo de concentraciones y eventos para actuar como auténticas guerrillas urbanas».
Ahí explicó que Interior y Justicia están trabajando «conjuntamente» para dar una respuesta desde el Código Penal «adecuada a la altura de la agresión que se está formulando a la sociedad».
Tanto los jueces y fiscales como los cuerpos de seguridad del Estado, en palabras del ministro del Interior, dispondrán de «instrumentos adecuados para hacer frente» a situaciones de violencia callejera, en las que además del enfrentamiento entre grupos radicales y la policía, se producen cuantiosos daños al mobiliario urbano.
Para quien cometa este tipo de delitos avanzó a principios de abril, las penas serán de dos años, los fiscales podrán pedir prisión provisional y los jueces podrán adoptarla, ha insistido Fernández Díaz antes de recalcar que una medida así no hace de España un caso único, sino que homologa al país con otros del entorno, especialmente Francia y Reino Unido.
