Aumentan un 17% las causas abiertas por delitos de corrupción en los últimos tres años
La Memoria 2012 de la Fiscalía General del Estado, que ha presentado este lunes el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, destaca que en los últimos tres años se ha registrado un incremento del 17 % en las causas abiertas por delitos relacionados con la corrupción como malversación, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho o fraudes comunitarios.
Predominan las infracciones relacionadas con la prevaricación administrativa que suponen el 23% de los delitos de este tipo correspondientes a 2012.
Además, la Memoria de la Fiscalía también revela que las sentencias por corrupción se incrementaron un 151% en el último trienio, según recoge Europa Press.
«Es una de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía, de acuerdo con las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Esta percepción también es compartida por la Fiscalía», ha señalado Torres-Dulce.
En todo caso, los máximos históricos de corrupción se registraron en 2011, año en el que se presentaron un total de 235 acusaciones. El delito más repetido fue el de malversación de caudales públicos que durante ese periodo representó un 40 por ciento del total seguido del de prevaricación administrativa.
Tras apuntar que la corrupción está vinculada a la etapa de la denominada «burbuja inmobiliaria», en la que «la sociedad en general y las administraciones públicas en particular disponían de una gran cantidad de recursos económicos», la Fiscalía advierte en su Memoria e los riesgos que puede afrontar la sociedad española si no se lleva a cabo «una actuación lo suficientemente decidida y enérgica contra la corrupción».
El origen: la burbuja inmobiliaria
«Se corre el riesgo, de un lado, de incrementar una sensación de impunidad que sirva para extender comportamientos irregulares o corruptos y, de otro, a que puedan generalizarse críticas infundadas o sectarias cuestionando irresponsablemente la labor de todos los servidores públicos, la inmensa mayoría de los cuales cumple honestamente con su deber», apunta la Memoria.
No obstante, continúa, ha sido en los últimos tres años cuando estas causas vinculadas al boom en la construcción han llegado a los fiscales y jueces (y, por ende, a la opinión pública).
De este modo, este incremento ha coincidido con la crisis económica padecida por la ciudadanía y que genera en ésta un mayor rechazo, si cabe, contra este tipo de actividades, apunta Torres Dulce.
Pero, paradójicamente, la crisis está haciendo descender este tipo de crímenes vinculados al gasto en contrataciones públicas, especialmente Ayuntamientos, lo que empieza a reflejarse en los datos de la Memoria.
En cualquier caso, Torres-Dulce recuerda que «tanto o más relevante» que las cantidades económicas que se pierden por la corrupción es «la desconfianza generalizada del ciudadano hacia las instituciones y principios que deben inspirar su funcionamiento» que provoca.
«Una de las formas más graves de delincuencia»
En este sentido, el Ministerio Público advierte de que en un importante sector de la ciudadana ha calado «la idea de que la Justicia no trata igual al poderoso que al resto, y que existe ideología en la respuesta judicial». «Desmontar este estado de opinión es una tarea que recae principalmente en los que formamos parte de la Administración de Justicia», señala.
A su juicio, los delitos de corrupción constituyen «una de las formas más graves de delincuencia» porque «provocan el desvío de fondos públicos a fines privados» y suponen, además, «un ataque a las instituciones y al sistema democrático y, en definitiva, al Estado de Derecho.
Según el Ministerio Público, el «incremento cuantitativo y cualitativo» que la corrupción ha experimentado en los últimos años contribuye a crear «un estado de opinión» y afecta al propio funcionamiento de la Administración de Justicia, «poniéndola muchas veces en evidencia en tanto que no es capaz de dar una respuesta adecuada en el tiempo y en el resultado final del propio procedimiento».
Policía especializada contra la corrupción
Para hacer frente a esta situación, la Fiscalía propone reforzar la oficina fiscal, dotándola de «auténticas unidades de investigación criminal», potenciar las unidades de Policía Judicial y dotar de apoyo tecnológico a las investigaciones telemáticas.
Además de las citadas, la Fiscalía hace otras propuestas relacionadas con este asunto, como la creación de Juzgados de Instrucción de Criminalidad Organizada de ámbito provincial o autonómico.
En relación con este punto recuerda que «desde hace ya varios años, nuestros cuerpos policiales cuentan con unidades especializadas en este tema, al igual que la Fiscalía», lo que debería llevar a una estructura similar en el Poder Judicial.
