El Gobierno recurre al TC la resolución independentista y pide que advierta a Mas de su posible suspensión
El Gobierno pide suspender la resolución y apercibir a 21 altos cargos
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«Cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia», dice Rajoy
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El presidente espera que sea el «último paso» que tenga que dar en esta «deriva»
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Dice que es un «desafío en toda regla» que pretende «atacar la unidad de España»
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El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado este miércoles en el Tribunal Constitucional su recurso de inconstitucionalidad contra la resolución independentista del Parlamento de Cataluña con el que pretende «defender con firmeza el Estado de derecho, la unidad de España y la soberanía nacional», según ha explicado el propio presidente en una comparecencia en la Moncloa.
«Cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia«, ha dicho el presidente, quien ha añadido que con su decisión defiende «a todo el país» ante lo que ha denominado «desafío en toda regla» que pretende «acabar con la democracia, someter las libertades y los derechos de todos los ciudadanos y quebrar la unidad de la nación española y la convivencia«.
El Ejecutivo ha pedido con su recurso al Constitucional que suspenda todos los efectos de la resolución de ruptura con España y que aperciba a 21 altos cargos catalanes, entre ellos el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de que el incumplimiento de sus mandatos puede llevar a un delito de desobediencia y a suspenderles de sus funciones.
El jefe del Ejecutivo ha comparecido tras la celebracion de un Consejo de Ministros extraordinario y después de que la Abogada General del Estado, Marta Silva de Lapuerta, haya presentado pasadas las 12:00 horas el ya anunciado recurso de inconstitucionalidad.
La Abogada del Estado presenta el recurso contra la resolución soberanista
El Tribunal Constitucional ha convocado para este mismo miércoles a las 16.30 horas el pleno que estudiará y previsiblemente admitirá a trámite esta impugnación del Gobierno, una admisión que conllevará la suspensión inmediata de la resolución.
Como es preceptivo, el TC tendrá que dar 20 días hábiles a la otra parte para presentar alegaciones contra su decisión, de modo que tendrán de plazo hasta prácticamente el ecuador de la campaña de las elecciones generales del 20 de diciembre.
«Espero que este sea el último paso que tenga que dar»
Mariano Rajoy, que ha anunciado que este sábado viajará a Cataluña, espera que este sea «el último paso y el último recurso» que tenga que presentar el Gobierno contra la deriva independentista aunque ha querido dejar claro que si se mantiene la «desobediencia», se actuará «con firmeza y proporcionalidad».
«Sin respeto a la ley, cualquier poder, cualquier Gobierno pierde su legitimación«, ha insistido Rajoy en la rueda de prensa, en la que ha admitido preguntas.
El presidente del Gobierno ha señalado que el recurso es la «prueba máxima» de un Estado de derecho que «cree en sus leyes y que las defiende» y para que los españoles «puedan seguir confiando en las instituciones».
Ha dicho que la Abogada General del Estado ha presentado el recurso de inconstitucionalidad una vez recabado el informe preceptivo del Consejo de Estado que considera que esta propuesta «vulnera» la Constitución y supone una «declarada insumisión a las instituciones».
«No es un juicio de valor ni la opinión del Gobierno, es el criterio del máximo órgano consultivo del Estado», ha añadido. El Consejo de Estado avaló por unanimidad ese recurso al considerar que «existen fundamentos jurídicos suficientes» para ello.
“Se arrogan un poder constitucional que no les corresponde“
Rajoy ha acusado a Junts pel Sí y a la CUP de «arrogarse un poder constitucional que no les corresponde y pretender atribuirse la soberanía nacional, que solo corresponde al pueblo español».
Asegura que el rey está preocupado por Cataluña «como todos»
Rajoy informó este martes al rey Felipe VI de la ‘hoja de ruta’ que seguiría el Ejecutivo contra la declaración secesionista en un despacho que se celebró en el Palacio de la Zarzuela, poco después de que el presidente recibiera en La Moncloa al líder del PSOE, Pedro Sánchez, para abordar la situación en Cataluña.
Precisamente y a una pregunta en la rueda de prensa, el jefe del Gobierno ha señalado que el rey está «absolutamente informado» de las gestiones del Ejecutivo para afrontar el desafío independentista, un asunto que le «preocupa», ha dicho, como «a todos», Gobierno, fuerzas políticas y la «inmensa mayoría» de los españoles.
El recurso y sus posibles efectos
El recurso de la propuesta independentista, de 26 páginas, pide la suspensión inmediata de la moción y de todos sus efectos, apelando al artículo 161.2 de la Constitución. Da, además, un paso más e incluye ya los primeros pasos para desatar el incidente de ejecución previsto por la reciente reforma de la Ley Orgánica que regula al Constitucional.
Esto llevará previsiblemente al Constitucional a apercibir a las personas responsables de que una eventual desobediencia de su mandato les llevaría a incurrir en un delito y también a la suspensión de sus funciones, según informa Efe.
«En estos casos, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplirlas (las resoluciones del TC) y, una vez se reciba el informe o venza el plazo que se hubiera dado, podrá imponer multas coercitivas, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento, o encomendar al Gobierno de la Nación, aun en funciones, la ejecución sustitutoria», dice la norma citada.
La ley señala, además, que todas estas previsiones se pondrán en marcha «sin perjuicio de que puedan exigirse las responsabilidades penales que correspondan».
Solicita que se haga extensiva esa advertencia a quien resulte elegido presidente de la Generalitat en el proceso de investidura que está en marcha en el Parlament catalán y a quienes sean designados consellers.
El Gobierno expone en su recurso que la resolución del Parlament catalán tiene carácter jurídico además de su «marcado carácter político» dado que reconoce la soberanía de Cataluña, atribuye al Parlament poder constituyente y expresa un compromiso de no supeditar el proceso a las decisiones del Estado español y de su ordenamiento jurídico.
El Gobierno sostiene que la declaración del Parlament supone declarar que el pueblo catalán es depositario de una soberanía nacional distinta a la del pueblo español, lo que vulnera «frontalmente y de forma expresa» el artículo 1.2 de la Constitución.
