Caso Bárcenas, indagaciones en Uruguay.
El fundador de la empresa uruguaya Tedesul, presuntamente usada por Luis Bárcenas para transferir dinero a nuestro país, dijo hoy que no conoce al ex tesorero del Partido Popular español, que su entidad no tuvo ninguna actividad con él y que creó la sociedad anónima porque es su trabajo.
El juez de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz pidió el martes a Uruguay el bloqueo de las cuentas que tenga abiertas en nuestro país el extesorero del gobernante Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, tanto a su nombre como al de la empresa Tesedul, y que sus autoridades confirmen que está siendo investigado en ese país.
Ruz libró una comisión rogatoria a Uruguay para recabar información sobre la investigación que lleva a cabo un juzgado especializado en crimen organizado sobre Bárcenas, quien presuntamente transfirió en 2009 al menos 800.000 euros desde el banco suizo Lombard Odier a Tedesul. Bárcenas es centro de un largo escándalo por blanqueo de capitales dentro del PP.
«Si bien mis nombres aparecen en el estatuto social, porque soy fundador de la sociedad, es porque mi estudio se dedica a tramitar la constitución de sociedades», indicó a Efe Daniel Ángel Pérez Blanco, fundador de Tedesul, que dijo no recordar si fue una persona, una empresa o un estudio jurídico quién le compró Tedesul.
«No abrí cuenta bancaria en ningún lado, ni hice ningún giro, ni representé a nadie en un banco», añadió.
Admitió, asimismo, que su esposa, Cristina González Silvestri, fue también socia fundadora porque «necesitás a una persona de confianza» para esa gestión, aunque dijo que no trabaja con él.
En declaraciones a Efe en Montevideo, Pérez Blanco se desvinculó hoy de todo el proceso y lamentó que su nombre haya aparecido vinculado al caso, aunque admitió que ese es el riesgo de su oficio.
«Accionista (de Sedesul) fui, fui fundador a los efectos de constituir la sociedad. Después, la vida real de la sociedad empezó a posteriori de que me desvinculara», explicó.
Aclaró que no fue «ni testaferro» de nadie «ni dueño» de la compañía, que la sociedad «estaba prefabricada» en Uruguay y que en ese tiempo «tuvo cero actividad».
«Es mi trabajo, aquí hay cuatro o cinco estudios que nos dedicamos a eso y nos desvinculamos de la sociedad cuando comienza la actividad real», recalcó.
Por eso dijo no temerle a una posible citación judicial, algo que asegura no ha sucedido.
«No me quita el sueño, si me llaman no tengo ningún problema en ir a declarar, me encuentran aquí todos los días las 24 horas, es mi trabajo», subrayó.
Pérez Blanco contó que en Uruguay crear una sociedad cuesta entre 3.000 y 4.000 euros (entre 2.273 y 3030 euros), y dura de tres a cuatro meses, por lo que muchos inversores se las compran o encargan a «estudios que se dedican a preconstituirla», como el suyo.
La semana pasada la oficina de Interpol Uruguay comunicó a la Policía Nacional española que un juzgado penal del país empezó una investigación contra Bárcenas.
La investigación judicial, que según la prensa local es por lavado de dinero, está a cargo de uno de los dos Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal especializados en Crimen Organizado que hay en Uruguay, confirmaron a Efe fuentes oficiales que se negaron a ofrecer más detalles sobre el procedimiento.
Fuente EFE
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