Se suma a Cataluña, Andalucía, País Vasco, Asturias y Canarias

RTVE.es/AGENCIAS 30.08.2012 – 14:42h

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves que Galicia continuará prestando asistencia sanitaria ordinaria a los inmigrantes sin papeles que acrediten que carecen de recursos y que estén empadronados antes del 1 de septiembre, lo que beneficiará a unas 9.000 personas.

De esta manera Galicia se suma a Asturias, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Canarias en la decisión de mantener la asistencia a las personas que quedarán excluidas cuando entre en vigor el Real Decreto estatal este próximo 1 de septiembre.

Este jueves además Cataluña ha explicado los detalles y exigencias para seguir recibiendo asistencia sanitaria en urgencias y centros de salud de su comunidad. Con esta medida seguirán recibiendo atención las 600.000 personas que quedarían excluidas.

Todos los que lleven un año viviendo en Catañuña mantendrás las prestacions mientras que las personas que acaben de llegar deberán acreditar ante las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) una estancia en el país de más de tres meses para acceder a un documento de acreditación de asistencia.

En Galicia tendrán un documento del Servicio Gallego de Salud

Galicia es la primera comunidad del PP queha anunciado que atenderá a los inmigrantes sin papeles. El presidente gallego ha señalado que la Xunta «cumple la legislación nacional» y avanza en los límites que permite la normativa estatal «que permite dar asistencia ordinaria a los inmigrantes sin papeles vecinos de Galicia».

Estas personas tendrán un documento del Servicio Gallego de Salud, ya que la tarjeta sanitaria «solo la puede dar el Ministerio».
Núñez Feijóo ha insistido en que el rigor en las cuentas públicas de Galicia, «la comunidad más solvente», permite «recoger frutos» y le permite tener un «mayor margen de maniobra» para adoptar medidas como «la atención ordinaria que precisen» a los inmigrantes sin papeles y sin recursos que demuestren «una relación de vecindad» con Galicia.

La orden aprobada este jueves por el Ejecutivo autonómico será publicada, previsiblemente este viernes, en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en ella la Xunta establece los requisitos para que estas personas puedan tener acceso a la atención ordinaria tanto en urgencias como en centros de salud, aunque ha avanzado que serán estar censado y que los ingresos no superen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

En Cataluña se deberán acreditar tres meses de estancia

La Generalitat catalana garantizará la atención sanitaria a las 600.000 personas (8% de la población catalana) que según el nuevo Real Decreto estatal que entra en vigor el sábado deberían quedar excluidas del acceso al sistema sanitario público no urgente, ha anunciado en rueda de prensa el conseller de Salud del Govern, Boi Ruiz.

De estas 600.000 personas, 180.000 son extranjeros en situación irregular y 420.000 son españoles que no constan en la Seguridad Social y que pertenecen a órdenes religiosas, profesiones liberales, no tienen recursos, no cotizan en la Seguridad Social o bien tienen rentas superiores a los 100.000 euros.

Este grupo seguirá manteniendo la misma atención y prestaciones sanitarias si lleva más de un año en Cataluña, y serán las personas que acaben de llegar quienes deban acreditar ante las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) una estancia en el país de más de tres meses para acceder a un documento de acreditación de asistencia.

Esta acreditación les dará derecho a la atención primaria, vacunas y urgencias, y a partir de un año también de atención especializada, como el resto de ciudadanos: «Ningún ciudadano de Cataluña se quedará sin derecho a la atención sanitaria», ha aseverado Ruiz, quien ha descartado un ‘efecto llamada’ de ciudadanos para disfrutar de asistencia.

Ruiz ha defendido que la Generalitat cumple de esta forma con el decreto estatal, pero da «un paso más allá» en la atención sanitaria, que en Cataluña irá vinculada a un derecho de ciudadanía y no de condición de asegurado de la Seguridad Social.

El plan catalán de acceso a la sanidad pública establece un periodo de seis meses para regularizar la situación de estas 600.000 personas, que se llevará a cabo de forma automática en el caso de la mayoría de las que acudan al médico en el mismo centro de atención primaria (CAP).

Este periodo transitorio de seis meses debe servir para arreglar la situación, pero «mientras, se les mantendrá la cobertura que ahora tienen acreditada», ha asegurado el director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Josep Maria Padrosa.

Padrosa ha especificado que estas personas deberán acreditar documentalmente su identidad, padrón de mínimo de tres meses y declaración jurada de que tiene unos ingresos anuales de menos de 100.000 euros.

Mínimo de tres meses para evitar el turismo sanitario

Para «estrechar los mecanismos de persecución del turismo sanitario» de países sin convenio sanitario con España, Salud ha establecido este mínimo de tres meses para extender el documento de acreditación de asistencia, que da derecho a la atención primaria, han explicado el conseller y Padrosa.

El documento de acreditación de asistencia será igual que la tarjeta sanitaria individual (TSI), pero tendrá una identificación distinta en la parte inferior, y deberá renovarse cada año, dando acceso a la atención especializada a partir del primer año de renovación.

Esta ‘tarjeta sanitaria alternativa’ solo será válida en el territorio catalán, a diferencia de la TSI convencional que se puede utilizar en Cataluña, el resto de comunidades de España y otros países de la UE.

De esta forma, se cumple el compromiso del conseller de prestar atención sanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’, a los que al igual que al resto de ciudadanos con tarjeta sanitaria distinta se les valorará de forma individual en el caso de que requieran una atención especializada cuando todavía no han superado la fase de un año para gozar de este nivel de cobertura.

Andalucía señala que «económicamente conviene atenderlos»

Del mismo modo la consejera andaluza de Salud, María Jesús Moreno ha asegurado que el sistema sanitario andaluz seguirá atendiendo a los inmigrantes indocumentados como hasta ahora.  Andalucía atenderá a este colectivo «exactamente igual que hace un mes o hace un año, y mantendrá la protección universal de todos los ciudadanos tengan el origen que tengan», ha señalado Montero en conferencia de prensa.

«Además de por razones de humanidad, porque la enfermedad no entiende de fronteras y no puede haber colectivos excluidos por el bien de la población general», según la consejera, quien también ha recordado los mandatos constitucionales y estatutarios sobre protección de la salud.

En Andalucía son unas 46.000 personas las que disponen de un «Documento asistencial temporal» que los identifica dentro del sistema de salud para poder efectuar un seguimiento de su historial y su paso por los distintos centros sanitarios. El porcentaje de consultas de atención primaria que ocupa este colectivo es del 0,6 %, que Montero ha considerado «muy bajo» por tratarse de personas que carecen de «cultura asistencial» y además «viven en situación de miedo».

La consejera ha señalado que «incluso económicamente conviene atenderlos» en atención primaria, ya que si se produce un agravamiento de su padecimiento «además de un drama, se incrementa el coste de la atención«. El primer nivel sanitario es el más adecuado, ha insistido, y ha supuesto que en otras comunidades autónomas que no se les preste atención primaria se les atenderá por urgencias.

Esta atención en Andalucía supondrá «una cantidad mínima en relación con el gasto sanitario», que Montero ha calculado en menos del 0,6 % del presupuesto de la atención primaria, ya que el 25 % de esa atención se dedica a medicamentos, de los cuales sí está excluido este colectivo, que en ocasiones los obtiene a través de ONG.

La consejera ha insistido en que excluir a los inmigrantes indocumentados del sistema sanitario «no es por razones económicas, sino que tienen que ver con la regularización, y no puede ser que el sistema sanitario sea un filtro para eso».

Objeción de conciencia de los sanitarios

Los últimos datos hechos públicos por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) desprenden que un total de 1.731 profesionales sanitarios de toda España, han mostrado su intención de recurrir a la objeción de conciencia para poder atender a los inmigrantes irregulares o ‘sin papeles’ cuando pierdan su derecho a la tarjeta sanitaria.

Sobre estas iniciativas, la consejera andaluza de Salud ha señalado que se trata de «una expresión bastante generalizada» y ha mostrado su convencimiento de que los «profesionales sanitarios van a seguir igual».