Gobierno de Rajoy: un año de reformas y recortes para buscar la salida del túnel de la crisis
- Rajoy ha desplegado sus políticas en medio de una protesta creciente
- El paro, la cara más dramática de la crisis, no remite y alcanza el 25%
- La prima de riesgo se ha relajado tras alcanzar cotas históricas
«Lo peor ha pasado. Estamos en una situación difícil, es una situación transitoria. Tenemos que adoptar estas decisiones, esperamos resolver el problema de financiación, pero créame, estamos dando pasos en la buena dirección, aunque todavía queden momentos muy difíciles».
Mariano Rajoy se ponía este lunes nota a sí mismo, a su gestión. Lo hacía junto a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en rueda de prensa en la Moncloa, el palacio del que consiguió las llaves hace este martes justo un año. Un 20-N. Entonces el líder del Partido Popular procuró a su partido la mayor victoria electoral de su historia, 186 diputados y 10,86 millones de votos. Un apabullante 44,63% de los sufragios que ponía fin a casi ocho años de José Luis Rodríguez Zapatero en el poder y que condenaba al PSOE a una derrota dolorosa y amarga.
Un año después, España sigue aún sumida en la crisis económica, sin ver la luz al final del túnel. Aunque el Ejecutivo augura eso, que «lo peor ha pasado» y que se acerca la recuperación. Según las previsiones ya expresadas por Rajoy, 2013 será «mejor» que 2012, y en 2014 se avistará el crecimiento económico y la creación de empleo «con claridad».
El Gobierno ha repetido que su política económica está sustentada en tres pilares básicos: la consolidación fiscal (o sea, la «austeridad»), las reformas estructurales y el saneamiento del sistema financiero. Y ahí el camino está iniciado, pero ni mucho menos concluido. Y el drama más acuciante, el que pone rostro a la crisis económica, el paro, sigue batiendo cifras históricas, por encima del 25%. Mientras, la contestación social ha ido creciendo. Manifestaciones, protestas a las puertas del Congreso y hasta dos huelgas generales en el primer año de Gobierno.
«El inicio del inicio»
La senda de recortes y reformas comenzó muy pronto, apenas una semana después de que el nuevo Ejecutivo tomara posesión. El 30 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobaba un primer paquete de medidas para reducir el gasto en unos 8.900 millones de euros e incrementar los ingresos en otros 6.275 millones de euros: alza del IRPF, subida del impuesto de bienes inmuebles (IBI), congelación del salario mínimo, ampliación de la jornada laboral de los empleados públicos, tijeratazo del 20% a las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales…
Era «el inicio del inicio«, como aseguró entonces la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. También la primera muesca al programa electoral del PP, cuyo incumplimiento acabó reconociendo el propio Rajoy. La razón esgrimida por el Ejecutivo se ha mantenido constante en este primer año de legislatura: el desequilibrio en las cuentas públicas, el déficit, la llamada «herencia recibida». El anterior Ejecutivo socialista había fijado el desvío para 2011 en el 6%, pero los populares calcularon que el agujero había sido mucho mayor, de hasta el 8%. Después, tras varias revisiones del dato, se elevó el déficit del año pasado al 8,96%, y hasta el 9,44% si se cuenta el impacto de las ayudas a la banca.
El Gobierno ha achacado las cifras de déficit a la «herencia» del PSOE
Con el arranque del año, el Ejecutivo se puso manos a la obra para alumbrar dos iniciativas capitales. Una, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, la norma que desplegaba el pacto de la modificación de la Constitución y que imponía un fuerte corsé a las comunidades autónomas, hasta el punto de amenazarlas con la intervención si se deslindaban de los objetivos de déficit. El texto salió sin el consenso del PSOE, el promotor del cambio de la Carta Magna en el verano de 2011.
Dos, la reforma laboral. Se hizo sin acuerdo de patronal y sindicatos, con la idea de flexibilizar las condiciones del mercado de trabajo, sentar «las bases para crear empleo estable cuanto antes» y «ayudar a destruir la fuerte sangría» del paro. La clave de bóveda de la reforma, según denunciaron enseguida la oposición y las centrales sindicales, se situaba en el despido: echar a los trabajadores sería, a partir de febrero, más barato y fácil.
La respuesta no tardó en cristalizar: Rajoy encajó su primera huelga el 29 de marzo, apenas tres meses después de su llegada al poder, con un promedio de seguimiento del 77%, según las cuentas de CCOO y UGT.
Las cifras no han mejorado en este tiempo. El paro ha escalado hasta el 25,02%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), por encima ya de la previsión del Gobierno (24,6%). Más de 5,77 millones de desempleados y un paro juvenil del 52,3%. La última EPA de Zapatero en el poder, la del tercer trimestre de 2011, apuntó un desempleo del 21,5% y 5,27 millones de parados. El Gobierno ha insistido en que todavía es pronto para pasar a examen la reforma laboral. Que sus efectos se notarán con el tiempo, sobre todo a partir de que asome la recuperación.
Acoso de los mercados
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012, «los más austeros de la democracia», según enfatizó entonces el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prolongaron la medicina de los ajustes. Llegaron después de las elecciones andaluzas y asturianas y de la huelga general del 29-M, y comportaron un recorte del 16,9% del gasto en el conjunto de los ministerios. 27.300 millones de euros menos. Pero al debate de las cuentas se superpuso un elemento criticado muy duramente por la oposición: la llamada amnistía fiscal, el establecimiento de un gravamen del 10% para rentas no declaradas, una «ventana abierta excepcionalmente» y que se cerrará a finales de este noviembre.
Apenas una semana después de la presentación de los PGE el Ejecutivo informó, a través de una nota, que se disponía a acometer otra importante reducción del gasto, de 10.000 millones en sanidad y educación. Los detalles se fueron conociendo en los días siguientes: se estableció el copago en los medicamentos en función de la renta y lo introdujo para los pensionistas, se endureció el acceso a la tarjeta sanitaria, se incrementó en hasta un 20% el número de alumnos por aula y se posibilitó que se aumentasen las tasas universitarias, entre otras medidas.
A las medidas de los Presupuestos de 2012 se sumó la reducción del gasto en educación y sanidad
Las primeras reformas del Ejecutivo, las dudas sobre las cuentas de las comunidades autonómas y la desconfianza hacia la verdadera situación de la banca volvieron a tensionar a los mercados. La pesadilla de la prima de riesgo, que había experimentado a primeros de año una cierta relajación, regresaba. Pero todo estalló con la caída de Bankia. El verdadero punto de inflexión en el complicado proceso de reestructuración del sistema financiero español.
Los acontecimientos se precipitaron a partir de mayo. Rodrigo Rato dimitió como presidente de la entidad y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y dio paso a José Ignacio Goirigolzarri, un relevo en buena medida auspiciado por el Gobierno, que no veía con buenos ojos los planes de saneamiento que había previsto el hombre fuerte de los Ejecutivos de José María Aznar.
La salida de Rato urgió la nacionalización y dejó al descubierto un inmenso agujero y unas necesidades de capital enormes: 19.000 millones de euros más, elevando la cifra de ayudas a 23.500 millones. El reguero de sangre dejado por Bankia acabó llegando hasta la Audiencia Nacional, que imputó a Rato y otros 32 exmiembros de los consejos de administración de Bankia y BFA.
La espiral se hizo entonces imparable. La prima de riesgo no cedía. Tampoco las dudas sobre el estado de la banca. España empujó para conseguir la recapitalización directa, sin pasar por la ventanilla del Estado. No fue posible. El 9 de junio, el titular de Economía, Luis de Guindos, hacía oficial lo que ya había circulado como una opción irremediable: el Gobierno pedía el rescate financiero. Una línea de crédito concedida por el Eurogrupo de hasta 100.000 millones de euros que, según afirmó entonces el Ejecutivo, no acarrearía una condicionalidad extra.
El Eurogrupo concedió un préstamo de hasta 100.000 millones para salvar a la banca
Ni siquiera la solicitud de auxilio bancario alivió la presión de los mercados. El Gobierno se empleó en conquistar reformas en el seno de la Unión Europea, haciendo valer que España hacía sus «deberes» de puertas para dentro. Rajoy insistió ante sus socios en que era fundamental afianzar la «irreversibilidad del euro
