Zapatero disfrutará de un cómodo retiro al tener garantizada una pensión vitalicia de cerca de 80.000 euros y unos ingresos que se elevarán en los próximos dos años hasta los 150.985. Durante este período, contará además con una asignación estatal para contratar a dos empleados y comprar material de oficina, disfrutará de coche oficial con chófer y podrá viajar gratis en el transporte estatal. También el Estado velará por la seguridad del expresidente, que tendrá un servicio de escoltas de por vida.

Son los privilegios establecidos por abandonar la vida política, que también tienen sus contraindicaciones. Zapatero no podrá, en los próximos dos años, ser contratado por empresas que hayan tenido alguna relación con su actividad pública, prácticamente todas. Por ello, durante este período, los expresidentes perciben el total de su salario, 78.185 euros. Además, Zapatero ingresó el jueves como miembro del Consejo de Estado, una de las instituciones más antiguas de España, creada para velar por el ordenamiento jurídico y, desde la democracia, por la observancia de la Constitución, por lo que percibirá 72.800 euros más.

En dos años, pasado el período de incompatibilidades establecido, Zapatero deberá replantearse su futuro, pero siempre tendrá las espaldas cubiertas. Podrá continuar como miembro vitalicio en el Consejo de Estado, con un sueldo de por vida, o bien pasar a desarrollar otras actividades en la iniciativa privada, como hicieron sus predecesores. González y Aznar siguen recibiendo una asignación anual del Estado de cerca de 80.000 euros, compatibles con sus rentables asesorías para empresas. Aznar gana anualmente 200.000 euros como consejero de Endesa y González más de 125.000 en Gas Natural. A ello hay que sumar los ingresos que perciben como cotizados conferenciantes, entre otras actividades.

Los dos principales partidos del arco parlamentario, PP y PSOE, están de acuerdo en que los expresidentes deben mantener un estatus institucional y recibir una pensión vitalicia acorde con la actividad que han desarrollado. Mientras exista este consenso es prácticamente imposible que prosperen iniciativas como la presentada en el Congreso por IU, en enero del pasado año, para impedir que los exjefes del Ejecutivo puedan compatibilizar la pensión pública que reciben con un sueldo de la empresa privada. Ha sido, hasta ahora, la última propuesta presentada en esta materia.

Los exvicepresidentes, exministros y ex secretarios de Estado también tienen establecido un régimen de incompatibilidades semejante al de los presidentes, e igual que ellos, no pueden desarrollar actividades en la empresa privada que hayan tenido alguna relación con su área competencial hasta el 2014.