OIDE Denuncia contra la ley de memoria histórica
EN LO QUE SE REFIERE AL ACCESO A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA DE LOS DESCENDIENTES DE ESPAÑOLES
La OIDE denuncia la aplicación de la Ley de Memoria Histórica al Defensor del Pueblo
M.L.C., Madrid
Enrique Mújica.
La Organización Internacional de Descendientes de Españoles (OIDE) ha denunciado antes el Defensor del Pueblo español, Enrique Múgica Herzog, la aplicación de la llamada Ley de Memoria Histórica en lo que al acceso a la nacionalidad española se refiere, entendiendo que tiene deficiencias y discriminaciones. En un comunicado reciente en el que expresaba su decepción con la aplicación de la Disposición Nacional Séptima de esta ley –referida a la nacionalidad–, la Organización ya anunciaba la adopción de esta medida.
Ahora informa de que ya ha presentado la denuncia y que el Defensor ha acusado recibo de la misma a uno de sus directivos, Juan Manuel Terradas Fernández, que reside en Barcelona.
En una carta fechada el pasado 28 de enero, Enrique Múgica informa a Terradas de que “se ha iniciado el estudio del asunto sometido a nuestra consideración” y le mantendrán informado de la tramitación.
También le indica que “la presentación de un escrito en el Defensor del Pueblo no suspende la ejecución de las resoluciones administrativas o judiciales, ni tampoco interrumpe los plazos legales para recurrir contra ellas si fuera procedente”.
A través de un comunicado reciente, de cuyo contenido informó este semanario, la OIDE declaraba su intención de, entre otras medidas, denunciar ante el Defensor del Pueblo las deficiencias y discriminaciones que encuentran en la aplicación de la normativa que facilita el acceso a la nacionalidad española a los descendientes de españoles, cuando se cumple un año de su vigencia. La organización proclamó su decepción con la aplicación, descalificó esta disposición, aún reconociendo que “es un importante paso adelante”, y pidió “que se elabore una alternativa para el acceso irrestricto de los nietos a la nacionalidad española”.
Discriminatoria
La OIDE mantuvo que la aplicación de esta normativa “está siendo claramente discriminatoria, parcial, jurídicamente ambigua, confusa administrativamente y engañosa políticamente” y “ha causado una gran decepción en muchos descendientes”.
La califica de discriminatoria porque, dice, “excluye a los nietos de abuelas o madres que hubieran contraído matrimonio con un extranjero”, precisando que ha habido una reciente rectificación al respecto pero que ésta es válida solamente para las exiliadas entre el 36 y el 55 y deja fuera a los hijos mayores de edad de los nietos que han accedido a la nacionalidad de origen mediante esta normativa, dividiendo a la familia.
Añade que “se ha violado la Constitución al despojar de la nacionalidad de origen mediante edicto a varias decenas de hijos de emigrantes por supuestos errores administrativos anteriores”.
También califica la ley de parcial porque, dice, va dirigida sólamente a los nietos de quienes emigraron o se exiliaron entre 1936 y 1955 y deja fuera a una cantidad importante de nietos, excluye a “los nietos cuyas madres obtuvieron la nacionalidad española por opción” e impide a los nietos que tienen nacionalidad por residencia el cambio a la nacionalidad de origen.
Discrecionalidad
Asimismo consideran la actual normativa ambigua porque, dice, está refrendada en una Instrucción, “un instrumento jurídico” que considera de poco rango y que deja a la discreción del juez la decisión de aceptar o no a trámite la solicitud de nacionalidad y porque valora que su enunciado es ambiguo y se presta a interpretaciones por parte del funcionariado.
También la considera confusa y poco supervisada por el Gobierno porque, explica, los funcionarios piden en muchas ocasiones a los solicitantes de la nacionalidad “un número excesivo y abusivo de documentos no contemplados en la Instrucción”; porque durante el primer año “sólo se han otorgado varias decenas de nuevas partidas” y porque afirma que se han cometido infracciones con los métodos de solicitud de citas y los documentos exigidos para probar la nacionalidad de origen de los hijos de emigantes sin que las autoridades “se enteren de tales atropellos”.
En ese comunicado, la OIDE se declara decepcionada porque, entre otras cosas, “las promesas del Gobierno, expresadas en boca del ministro Jesús Caldera y del presidente Zapatero, sobre el otorgamiento amplio de la nacionalidad a los nietos no se han cumplido”.
Entre las medidas anunciadas por la organización para presionar a favor de los intereses que defiende está, además de la denuncia al Defensor, la solicitud de una cita con la vicepresidenta primera del Gobierno, hacer llegar su posición a los medios de comunicación y a los partidos políticos y solicitar al Ministerio español de Igualdad que informe “sobre si algunas interpretaciones de la ley vulneran el principio de igualdad entre hombres y mujeres”.
OIDE reclama una ley de nacionalidad y el acceso sin restricciones a todos los nietos
La Organización Internacional de Descendientes de Españoles critica la aplicación de la nueva normativa y la considera «discriminatoria» y «ambigua»
Por Redacción
Última actualización 26/01/2010@12:50:54 GMT-3
La puesta en marcha de la Disposición Adicional 7ª no ha sido bien recibidas por todos los afectados. Desde la Organización Internacional de Descendientes de Españoles (OIDE) señalan en un comunicado que su aplicación ha sido, tanto en España como en el extranjero, “discriminatoria, parcializada, jurídicamente ambigua, confusa administrativamente y engañosa, que ha causado una gran decepción a muchos descendientes”.
Para OIDE es discriminatoria porque “excluye a los nietos de abuelas o madres que hubieran contraído matrimonio con un extranjero y aunque se trató de rectificarse, continúa excluyendo a los nietos de aquellas mujeres españolas emigrantes antes de 1936, ratificando por lo pronto una ley Franquista”.
Además, señalan que “deja fuera a los hijos mayores de edad de los nietos que han accedido a la nacionalidad de origen mediante esta normativa, dividiendo nuevamente a la familia española”
Consideran que es parcializada porque “va dirigida solamente a los nietos de aquellos que emigraron o se exiliaron entre 1936 y 1955 dejando fuera a un por ciento importante de nietos” y excluye a los nietos cuyas madres obtuvieron la nacionalidad española por opción como consecuencia de haberse casado con un extranjero.
Asimismo, indican que impide a los nietos, que tienen nacionalidad por residencia, el cambio a opción de origen.
Defectos jurídicos
Desde el punto de vista jurídico, para OIDE la Disposición Adicional 7ª plantea varios problemas. En primer lugar porque aparece refrendada en una Instrucción que es un instrumento jurídico de menor jerarquía que la Ley de los Registros Civiles o su Reglamento, “dejando entonces en manos de un juez la decisión de aceptar o no a trámite la solicitud de nacionalidad de más de 800.000 descendientes que viven hoy día en las diferentes Comunidades Autónomas españolas”.
También indican que “su enunciado poco preciso y ambiguo se presta a interpretaciones burocráticas de funcionarios gubernamentales y consulares que torpedean magistralmente las intenciones de acceder a la nacionalidad de los descendientes”.
Abusos y poco control
Por otra parte, desde OIDE también critican la tramitación concreta de las solicitudes. Indican que los funcionarios piden en muchas ocasiones a los descendientes solicitantes de la Nacionalidad un número excesivo y abusivo de documentos no contemplados en la Instrucción. “Una prueba de ello -señalan en el comunicado- es que de miles de solicitudes presentadas ante los registros civiles en la propia España durante este año se hayan resuelto favorablemente algunas decenas, mediante el otorgamiento la nacionalidad”.
Añaden que ha habido poco control desde el Gobierno y se han cometido “numerosos desatinos e infracciones con los métodos de solicitud de citas, las categorías de otorgamiento de la nacionalidad, los documentos exigidos para probar la nacionalidad de origen de los hijos de emigrantes, el despojo de la nacionalidad de origen a personas que ya la ostentaban desde hace años, etc., sin que las autoridades superiores del gobierno se enteren de tales atropellos”.
Desencanto
Por último, desde OIDE también se critica que con esta Disposición Adicional 7ª no se cumple la promesa del PSOE de otorgar la nacionalidad a los nietos de emigrantes y que durante el año 2008 no se prepararon adecuadamente los registros civiles ni muchos consulados. “Es más, en algunos lugares las condiciones materiales en diciembre de 2008 eran desfavorables totalmente y en algunos registros civiles de España aún no conocen la letra y el espíritu de esta legislación”.
Finalizan indicando que por estos motivos “el reconocimiento y el apoyo al PSOE ha caído entre los integrantes de nuestro colectivo”.
Propuestas
Desde OIDE hacen una serie de propuestas sobre el acceso a la nacionalidad. Reclaman “que se elabore una norma alternativa para el acceso irrestricto de los nietos a la nacionalidad española, tal y como pidió en su momento el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior”.
También que se legisle en un plazo breve una Ley de Nacionalidad “para evitar tantos desatinos y errores, tal y como lo han pedido algunos ilustres miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, acorde con el entorno de la Unión Europea de la que España forma parte indisoluble”.
Sobre las medidas facilitarían la tramitación de las solicitudes de nacionalidad que se presenten al amparo de la Disposición Adicional 7ª de la Ley de Memoria Histórica desde OIDE demandan “que se emita una norma de obligatorio cumplimiento tanto para los jueces como los encargados de los registros civiles de todas las Comunidades Autónomas, referido a los documentos y plazos”.
También “que se dicte una instrucción similar a la que se aprobó para las nacionalidades por residencia, para disminuir la espera a los descendientes que residen en España y descongestionar el trabajo del Registro Civil Central”.
Otra de las propuestas, que se ha cumplido, es la ampliación en un año del plazo.
A pesar de ser nieta de gallegos por parte de abuela paterna y abuelo paterno. Quedé excluida de la ley llamada «Memoria Histórica.» Por mi abuelo gallego, ya que tomó la ciudadanía uruguaya antes que naciera papá y por mi abuela gallega, porque es mujer.
Espero de corazón que esto se solucione y que en este año Xacobeo está nieta de gallegos pueda vistar Galicia como una orgullosa ciudadana gallega.
Un abrazo fraterno.