Diputados y senadores aprobaron este martes el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que delineará el destino de los 45.000 socios y unos 3.000 funcionarios de Casa de Galicia, mutualista cerrada tras una decisión judicial.
En el Senado, el proyecto fue votado en general con 27 votos afirmativos en 29. Luego se votó para suprimir la lectura del proyecto, y después se pasó a la consideración en cada artículo, que sufrieron modificaciones. Cada artículo fue votados por la misma cantidad de votos afirmativos.
En la tarde de este martes, el proyecto también se votó en la Cámara de Representantes, con 59 votos afirmativos en 60. César Vega, diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente, fue el único que votó en contra.
En los alrededores del Palacio Legislativo se movilizó el sindicato de trabajadores de Casa de Galicia contra el proyecto. Este busca derivar de forma aleatoria a los socios hacia cuatro mutualistas. Se prevé que tras cumplir 24 meses en el centro de salud al que sean transferidos, los usuarios podrán cambiarse libremente de mutualista.
Movilización de funcionarios de Casa de Galicia en torno al Palacio Legislativo por proyecto de ley que definirá su futuro. Foto: Francisco Flores
Movilización de funcionarios de Casa de Galicia en torno al Palacio Legislativo por proyecto de ley que definirá su futuro. Foto: Francisco Flores
Sobre las 09:30 horas comenzó la sesión en Senadores, pero se votó un cuarto intermedio que se fue prolongando a lo largo de la mañana debido a las negociaciones para alcanzar un consenso.
El senador nacionalista Gustavo Penadés indicó que tras una «negociación dificultosa desde todo punto de vista» se llegó a un proyecto de ley que ha «logrado un consenso también de carácter político». En ese sentido, añadió: «Debemos reconocer el trabajo y aportes realizados por parte del Frente Amplio».
Sin embargo, El País informó más temprano que el senador blanco Sergio Botana votará en contra de este proyecto. De acuerdo a fuentes cercanas al legislador, no está a favor de «apurar» la definición. Ya le trasladó su postura al ministro de Salud Daniel Salinas y esta tarde expuso en sala sus argumentos.
«Me pregunto cuál es la razón antes de que el difunto esté muerto nos vamos a empezar a repartir sus pilchas», comenzó diciendo Botana. «Estamos frente a una decisión del Tribunal de Apelaciones que habilita la defensa de Casa de Galicia», en referencia a una definición del miércoles pasado.
«Haciendo oídos sordos de esa decisión empezamos un vaciamiento del padrón social de la institución, es decir de sus ingresos por la cápita de salud, que inviabilizará cualquier solución posterior», valoró el nacionalista.
Desde el punto de vista jurídico, consideró que es un «riesgo» que el Poder Legislativo «no debería asumir de modo alguno». Detalló que implica un «riesgo de reparaciones de una cuantía no menor, amén de conflictos en distintas áreas y perjuicios especialmente para los socios, trabajadores, médicos y patrimonio que representa Casa de Galicia en este país».
«Al Estado uruguayo no le va a salir barata esta solución», remarcó Botana, que cifró «entre US$ 40 millones y US$ 50 millones, 10 veces más de lo que cuesta hacer la reestructura de Casa de Galicia en cuanto empresa médica». En esa línea, el nacionalista enfatizó: «No me parece una muy acertada iniciativa».
Aseguró en ese sentido: «Estoy absolutamente convencido de que Uruguay tiene que hacer el máximo esfuerzo por preservar esta institución como lo ha hecho para preservar múltiples empresas del sector privado».
«Le pido al Senado que vayamos por otro camino: de la reestructura, de tomarnos el tiempo que debemos tomarnos, de proteger la historia de los gallegos en este país», remató su mensaje.
«Cabildo Abierto va a acompañar este proyecto de ley, con la enorme tranquilidad de que estamos resolviendo un problema grave de los usuarios de Casa de Galicia», remarcó el senador cabildante Guillermo Domenech.
Previamente, Penadés subrayó que «este proyecto no pretende interferir en absolutamente nada en el trabajo que tiene por delante el Poder Judicial en relación a estos temas».
En cuanto a la redacción, el nacionalista puntualizó: «¿Perfectible? Reitero, sin lugar a dudas. Es el acuerdo que se ha podido alcanzar, que le garantiza a los usuarios la calidad de la prestación de salud; a los trabajadores mantener sus fuentes laborales, y esencialmente al sistema (…) que tenemos que preservar».
A su turno, el senador frenteamplista Daniel Olesker valoró como «positivo» el cambio del proyecto original remitido originalmente, que presenta «importantes niveles de protección que tienen los trabajadores», ante la «rapidez con que hay que dar una respuesta a esto».
«Refleja los tres objetivos que desde que el juez decretó el cierre de Casa de Galicia tuvimos en la mira: infraestructura, usuarios y trabajadores», añadió Olesker entre los argumentos de por qué apoyarán este texto.
El País informó en su edición del domingo que los centros de salud que captarán estos socios son Universal, Cudam, Círculo Católico y el Hospital Evangélico. Estos cumplen los requisitos de contar con un padrón de usuarios no mayor a 100.000 y una masa de afiliados mayores de 65 años que no supera el 20% del total. En caso de contar con la aprobación del texto, el incremento de usuarios en cada mutualista no podrá superar el 15% de su padrón actual.
En cuanto a los funcionarios de Casa de Galicia, el Ejecutivo incluyó un inciso a pedido de los colorados que establece que serán distribuidos entre los prestadores de salud que haya elegido el Ejecutivo “en forma proporcional a la migración de usuarios, según lo determine la reglamentación”.
El abogado Juan Ceretta, contratado por un grupo de 300 socios de Casa de Galicia, adelantó que si se aprueba la ley presentará un recurso de inconstitucionalidad. Consideró que la mutualista «todavía esta viva» tras un fallo del Tribunal de Apelaciones que dio lugar a un “recurso de queja por haber denegado el tramite de apelación”. La apelación se pidió ante la decisión del cierre de Casa de Galicia y fue rechazada en su momento por el juez, quien consideró “inapelable” el fallo.
